El título del blog es suficientemente explicativo del contenido del texto.
La constitución es la ley fundamental del estado, la que rige los derechos y libertades de los ciudadanos y la estructura del estado. Su legitimidad radica en la aprobación mayoritaria de los ciudadanos en el Referendum que se celebró el 6 de Diciembre de 1978. Hace unos días cumplió
33 años.
Frecuentemente ha salido a la palestra la posibilidad de reformarla en algunos aspectos concretos. Por un lado se ha hablado de dicha necesidad para permitir que la primogénita del Principe Felipe reine en su día. También se ha mencionado en relación con asuntos autonómicos. Un ejemplo es la supuesta inconstitucionalidad de algunos puntos del proyecto de reforma del estatuto de autonomía de Cataluña. En todos los casos se ha aducido la necesidad de actuar de forma prudente y solo hacer reformas en casos en los que se considere imperativo y exista un amplio consenso de las fuerzas políticas. Sorprende por tanto la celeridad con la que se ha decidido reformarla para imponer un techo de gasto a las comunidades autónomas. En este caso se puede arguir que el amplio consenso existe, al estar de acuerdo los dos grandes partidos del estado español. No obstante, recordemos que la constitución del 78 fue el resultado de un trabajo en el que participaron otras fuerzas políticas como el partido comunista y las fuerzas nacionalistas representadas por Covergencia y Unión. La grandeza de nuestro proceso constituyente está precisamente en que no se trataba de la imposición de una dictadura de las mayorías. Muy al contrario, las voces de sectores minoritarios fueron tomados en consideración y se intentó que la Constitución pudiera representar una casa grande, obra de todos y capaz de acoger a todos.
Que distinta es la reforma que se plantea! Los cambios propuestos se parecen bastante a una imposición por parte de una amplia mayoría parlamentaria, que no recoge el sentir de una parte no despreciable del electorado y sus representantes.
No obstante, el principal problema es el que se plantee aprobar una reforma constitucional sin el refrendo del voto ciudadano. Lo que han aprobado los ciudadanos, solo lo pueden modificar los ciudadanos. Aunque la ley no lo establezca, parece obvio. No es un problema de legalidad, sino de legitimidad. Si no se hace, la Constitución queda tocada de muerte, y con ella la democracia.
¿Cual es esa razón tan poderosa que obliga al estado español a aprobar una reforma constitucional por el procedimiento de urgencia? Ya hemos hablado del famoso techo de gasto. Pero, ¿no se puede hacer de otra forma? Y, ¿la premura? Ya hemos oido eso de "tranquilizar a los mercados". ¿Cual es el límite? ¿Que mas habrá que hacer? ¿Lo están haciendo los demas países? Hay muchas preguntas.
No es que me parezca mal que las administraciones locales y autonómicas gestionen los recursos de forma razonable. La falta de una ley que regule el endeudamiento y la situación disparatada generada por la falsa bonanza ha producido un problema de deuda y de liquidez. Los proveedores no cobran y hasta las nominas peligran. Recordemos que durante muchos años los ayuntamientos han equilibrado sus cuentas con ayuda del sector inmobiliario. Una situación de fraude de ley a la que se ha hecho la vista gorda. Muerta la gallina de los huevos de oro, ahora toca la ruina.
Pero el problema fundamental no es si estamos o no de acuerdo con el techo de gasto o las limitaciones al endeudamiento. Se trata de la forma. La forma es fundamental en un estado democrático con garantías. Los asesinos tienen derecho a un juicio, por ejemplo. Si vulneramos los procedimientos, nos cargamos la legitimidad democrática. Es una pena que nuestros políticos no se den cuenta o les pierda el miedo a perder el referendum. Espero que voces mas poderosas que la mia les haga entrar en razón.
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