¿Prevaricación del supremo español?

Con la absolución de ayer se cierra un ciclo de procesos abiertos contra Baltasar Garzón con el balance: absolución, prescripción y condena a 11 años de inhabilitación. La situación es del todo inusitada. Ver tres procesos simultáneos contra el mismo juez da que pensar. Está claro que Garzón tenía muchos enemigos y no le han faltado denuncias, pero de golpe y porrazo se produce, la admisión a trámite de tres procesos simultáneamente. La forma en la que se han llevado los tres procesos, el que el Ministerio fiscal no vea indicio de delito en ninguno, el orden en el que se han presentado, la celeridad con la que se han celebrado, el orden en el que se han juzgado, la severidad con la que se ha sancionado; Todo ello son cuestiones enormemente sorprendentes.

Las razones por las que se le ha procesado son de lo mas variadas. Pero, todas ellas tienen un denominador común. Las acciones que han llevado a Garzón a ser juzgado han sido actuaciones trasparentes y abiertas. Normalmente, los hechos delictivos cometidos a sabiendas se realizan a escondidas. Si un concejal de urbanismo recibe de una empresa, a la que tiene la facultad de conceder una contrata o una recalificación,iscal una comisión o un regalo, normalmente no se lo va contando por ahí, ni lo cuelga en la cuenta de facebook. El que realiza este acto trata de ocultarlo. El que roba un producto de El Corte Ingles, lo oculta. Pero hay veces que cogemos el sombrero de otro creyendo que es el nuestro. No se trata de robos sino de equivocaciones. Los jueces a veces cometen errores resultado de negligencia (algunas con resultados dramáticos) y a lo sumo se saldan con sanciones económicas irrisorias. Usualmente esas negligencias son consideradas universalmente reprobables aunque se pueden apreciar eximentes como la carga de trabajo, etc, etc. En este caso la situación es diferente ya que el juez Garzón se ha ratificado en sus actuaciones y ha argumentado la fundamentación de estas. No está tampoco solo en ello.
El propio Ministerio fiscal no ve indicios de delito. También se han pronunciado en este sentido miembros del aparato de justicia internacional. Hoy mismo en El País hay una carta al director
firmada por 28 abogados y académicos de derechos humanos de distintos paises que manifiestan su acuerdo con las actuaciones de Garzón. No obstante, es admisible que exista
diferencias de criterio respecto a las actuaciones judiciales. Bajo la óptica de algunos jueces las actuaciones pueden considerarse desacertadas. Es frecuente que ciertas actuaciones judiciales sean anuladas, sin que por ello el juez que las instruyó sea sancionado. Sería muy grave para un juez adoptar resoluciones con el miedo de que si su criterio no es considerado válido por otros jueces al final sea sancionado. Esta opinión la he visto expresada en varias ocasiones. Véase por
ejemplo http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187429-2012-02-12.html
Pero OJO, los tres casos de Garzón lo son por "prevaricación": dictar a sabiendas una resolución injusta. La sanción ha sido durísima. Ya me exprese en un blog anterior respecto a la clarísima falta de relación entre la actuación y el daño causado y la sanción impuesta.


Con todas las singularidades que rodean a este caso, no hace falta ser muy listo para sospechar que el Juez Garzón ha sido víctima de una campaña con el objetivo de apartarle de la administración de justicia, y mas aún de la Audiencia Nacional donde sus instrucciones tienen mayor repercusión. El problema es que un cooperador necesario en este proceso es el propio Tribunal Supremo español. Numerosas cuestiones procedimentales han sido anómalas: en el caso de la estancia en EEUU no se ha citado a declarar a muchos testigos de las instituciones americanas que supuestamente actuaron de intermediarios en un pago fraudulento. No se han admitido muchas de las recusaciones del juez. Incluso se da la circunstancia de que el juez Varela que había instruido un caso (por el que al final ha sido absuelto) ha participado en alguna de sus otros juicios. Este hecho solo debería servir para anular dicho juicio. Las sentencias parecen mas bien un rapapolvo a un colega díscolo. Las propias resoluciones dan mucho que pensar: se le condena por la mas técnica de las actuaciones. La última en ser admitida a trámite es la primera por la que se le juzga. La de los pagos en EEUU se salda con la declaración de prescripción pero con una declaración implícita de culpa. Finalmente, en el caso mas polémico por el revuelo y las connotaciones que despierta se le absuelve, pero con rapapolvo incluido. Apostaría que hay una de una actuación inconfesable, reuniones privadas, cooperación para ralentizar unas instrucciones frente a otras, presiones y llamadas en las que han participado varios jueces del supremo. Para mí la manipulación torticera de los plazos, las admisiones a trámite contra natura, la negación de recusaciones y de las pruebas periciales, las complicidades y juicios paralelos, las resoluciones tomadas por enemistad personal o envidia, si que son constitutivos del delito de prevaricación. Desde mi pequeña parcela, sugiero que alguien, que posea mas datos que yo, alguien que se respete a sí mismo y a la justicia, alguien que no tenga miedo, debería denuciar al supremo por prevaricación. No se a quien y como se puede hacer.

No temo por el futuro del juez. Estoy seguro de que no le faltaran actividades de gran resonancia en las que podrá participar amparado por un prestigio que las sentencias no han dañado. El desprestigió es para los que le sancionaron. Y el problema es para los ciudadanos que nos quedamos huérfanos de un hombre que intenta que la justicia no tenga nichos de impunidad. Un hombre valiente y con valores. Sigo convencido de que al final el Constitucional o los tribunales europeos le absolverán. Incluso me atrevo a pronosticar que, para tapar todo el asunto y acallar las críticas nacionales e internacionales, por lo que es ya un escandalo de escala mundial para la Justicia, a algún miembro del Gobierno o instituciones adláteres se les puede ocurrir un indulto para el juez. Sea como fuere, ni la absolución posterior ni el indulto le facultaría para volver a la Audiencia Nacional a seguir impartiendo justicia. Por ello, el objetivo está cumplido para sus enemigos, y el daño causado para los ciudadanos y la Justicia con mayusculas.